
viernes, 31 de octubre de 2008
La bandera histórica de Castilla

jueves, 23 de octubre de 2008
Una división artificial

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."
Artículo 2 de la Constitución Española de 1978
Tras la aprobación de nuestra Carta Magna se hacía oficial el reconocimiento de la riqueza y pluralidad de todas las tierras españolas, garantizándose su derecho a determinados grados de autonomía respecto del poder central. Sin embargo, el mayor reconocimiento que puede darse a una región es, antes que su derecho a la autonomía, su derecho a ser integrada por todos aquellos territorios que forman parte de ella.
En el caso de la región histórica conocida tradicionalmente como Castilla, este derecho de autonomía supuso una fragmentación de todo su territorio en diferentes Comunidades Autónomas que han conseguido desvincular unas provincias castellanas de otras. Estas Comunidades Autónomas son:
Castilla y León: supuestamente es la heredera de los territorios que originariamente constituían el Reino de León y el Reino de Castilla; sin embargo, de sus límites se han suprimido las históricas provincias de Santander y Logroño, hasta entonces siempre integradas en la región de Castilla La Vieja.
Castilla-La Mancha: en este caso heredera del histórico Reino de Toledo o lo que comúnmente se venía llamando Castilla La Nueva, ha sufrido dos grandes perjuicios; por un lado, verse despojada de la provincia de Madrid; por otro, sobrellevar un nombre que conduce a error, ya que La Mancha es una comarca más, de las muchas que se hallan en toda la Comunidad Autónoma, con lo cual no es justo que una comarca cobre primacía sobre todas las demás y haga entender a propios y extraños que por ser castellano-manchegos son manchegos de necesidad. El único acierto en la configuración de esta Comunidad Autónoma ha sido la recuperación de la provincia de Albacete (anteriormente asignada al Reino de Murcia) como territorio castellano.
Comunidad de Madrid: debido a los criterios funcionalistas que se usaron durante la Transición, se llegó a la conclusión de que la provincia que albergase a la capital de España debería constituirse en autonomía uniprovincial, entre otras cosas porque su nivel de riquezas no estaría acorde con el resto de provincias circundantes. Debido a esto se desgajó de Castilla La Nueva, y cada vez son menos los madrileños que son conscientes de su identidad castellana.
Cantabria: razones geográficas fueron las que llevaron a considerar que la histórica provincia de Santander no era merecedora de seguir formando parte de Castilla La Vieja. El hecho de que no esté ubicada en el interior de la Meseta Central se consideró motivo suficiente para otorgarle el derecho a constituirse en autonomía uniprovincial. Si esta decisión fue desacertada, aún más lo fue el nombre que se le dio en honor a los pobladores prerromanos que ocupaban la zona, como si dicha raza aún siguiese perdurando en la actualidad.
La Rioja: también el hecho de no estar ubicada en la Meseta Central fue razón de peso para que la hasta entonces provincia de Logroño se separase de Castilla La Vieja. Se le puso el nombre de La Rioja debido a que todo su territorio pertenece a esta comarca; sin embargo, La Rioja real es muy extensa y abarca también grandes zonas de las provincias de Burgos, Soria, Álava y Navarra.
Por tanto, el gran reto que se nos plantea a los castellanistas del siglo XXI es el de reivindicar algo tan básico como la unidad e integración en una misma Comunidad Autónoma de todas y cada una de las provincias castellanas (Albacete, Ávila, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Palencia, Madrid, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora).